Corea del Sur acaba de enfrentarse a otro escándalo en la gestión de activos criptográficos confiscados, lo que socava seriamente la confianza en las instituciones estatales. En esta ocasión, la oficina de impuestos simplemente reveló la frase de recuperación de una cartera donde se almacenaban tokens confiscados.

Esencialmente, la Agencia Tributaria Nacional publicó accidentalmente datos privados, permitiendo que alguien accediera a aproximadamente 4 millones de tokens PRTG. Teóricamente, esto equivale a 4.8 millones de dólares, pero la liquidez real de PRTG es muy baja, por lo que el valor práctico es mucho menor. Curiosamente, la persona que obtuvo acceso devolvió los activos al día siguiente, pero las autoridades aún investigan la situación.

El ministro de Finanzas, Ku Yung-chol, anunció una revisión urgente de todos los protocolos de almacenamiento de criptomonedas. El gobierno promete reforzar la seguridad y desarrollar medidas preventivas junto con la Comisión de Servicios Financieros y la Oficina de Supervisión Financiera. Aún no se han mencionado plazos ni detalles específicos.

Este no es el primer caso. Desde enero, se ha producido una cadena de pérdidas y robos de monedas confiscadas. El episodio más sonado fue la desaparición de 22 BTC de una caja fuerte policial en la oficina de Gannam. Además, hubo pérdidas en la fiscalía del distrito. Estos incidentes provocaron una serie de auditorías nacionales, pero es evidente que los problemas sistémicos son mucho mayores de lo que parece a simple vista.

Este ya es el tercer incidente grave en unos meses. Surge una pregunta lógica: ¿son delitos o simplemente una incompetencia de las estructuras estatales? Cuando se trata de gestionar PRTG confiscados y otros activos, da la impresión de que el Estado simplemente no está preparado para asumir esa responsabilidad. La seguridad de los activos digitales requiere no solo buenas intenciones, sino una verdadera experiencia e infraestructura, que claramente escasean.